por imape 22 abril 2020
Y así se da inicio al programa del gobierno del Perú orientado a capitalizar a empresas peruanas como ayuda para los efectos de la cuarentena y paro económico a raíz de la pandemia del covid-19.
Adjuntamos publicación en el Diario El Peruano, luego de conocerse el informe de la Contraloría, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron superadas. Es así que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el plan de S/30,000 millones de soles en garantías de créditos para que las entidades del sistema financiero canalicen préstamos por ese monto a cerca de 350 mil empresas. Asimismo, este anuncio favorecería en el timing planificado por el MEF, momento clave de ayuda para que gestores empresarios puedan tomar decisiones.
Desde IMA GO! deseamos a todos los empresarios y emprendedores del Perú la mayor de las energías y deseos de éxito en esta difícil momento.
El objetivo es que las empresas del Perú puedan pagar a sus trabajadores y proveedores, y así evitar la ruptura de la cadena de pagos en medio de la cuarentena. El MEF aprobó el otorgamiento de la garantía mediante el decreto supremo 084-2020-EF, en el cual se reitera el papel de Cofide como entidad administradora de las garantías.
El aporte de la Contraloría responde a uno de los requisitos del programa: no tener deudas tributarias que sean exigibles en cobranza coactiva por más de 1 UIT (S/4,300) al 29 de febrero.
La Contraloría también sugirió que la SBS emita en forma oportuna la regulación para que las entidades del sistema financiero accedan a Reactiva Perú.
El BCRP hará subastas para otorgar paquetes de créditos a las entidades financieras, que luego atenderán las solicitudes de las empresas.
Las tasas de préstamo estarían entre 2% y 4% anual. De acuerdo con el BCRP, las entidades financieras deberán prestar a las empresas a un plazo de tres años, y con periodo de gracia de 12 meses. Las entidades participarán en la subasta del BCR para asegurar la tasa más baja posible.
Las entidades del sistema financiero podrán otorgar préstamos a las empresas que tengan una deuda tributaria en la cobranza coactiva no mayor a una UIT (S/ 4,300) a la fecha que soliciten el préstamo.
Los préstamos a favor de una empresa no deberán exceder el monto total de S/10′000,000, y serán otorgados en moneda nacional. Asimismo, los préstamos deben ser destinados únicamente para financiar capital de trabajo.
Los intereses deberán pagarse en la misma moneda.
La empresa que reciba el préstamo deberá, además, comprometerse a no distribuir dividendos o utilidades durante la vigencia de estos préstamos, salvo los correspondientes a sus trabajadores.
Las empresas no podrán utilizar los préstamos para: adquisición de activos fijos, compra de acciones o participaciones en empresas, bonos u otros activos monetarios ni realizar aportes de capital, pago de obligaciones vencidas con las entidades financieras, ni prepago de obligaciones financieras.
Asimismo, la consultora indica que la empresa debe tener por objeto social actividades que no se encuentren dentro de la Lista de Exclusión, incluida en el anexo 1 del Reglamento. Por ejemplo, las que se dedican a la producción de tabaco, juegos de azar y casinos, comercio de metales y minerales producto de la minería formal.
El sector informal representa el 72% de la PEA en Perú en el 2020. No debemos olvidar este dato para los próximos meses, son emprendedores que ven cómo hoy el Estado no los ve, y hablamos de 7.3 millones de empresarios aproximadamente que votarán en las próximas elecciones recordado que no hubo un discurso o plan hacia ellos.
Estas personas merecen formalizarse. Para lograr aquello, es necesario optimizar el costo/beneficio del trabajo formal.
Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), dentro del universo de las compañías informales, el sector agropecuario tiene la mayor participación con 2.4 millones de productores. El monto restante de empresas no agropecuarias informales representan el 66.5% y se distribuyen entre doce sectores económicos. Sobresalen el rubro comercio con una participación de 22.4%, seguido de transporte y almacenamiento (14.2%), restaurantes y alojamiento (8.4%) y manufactura (7.3%).
Excluyendo las empresas agropecuarias informales, existen 19 regiones con alta informalidad tales como Tumbes y Huancavelica, con porcentajes que ascienden a 90.3% y 90.1%, respectivamente.
Según INEI, un 49% no lo considera necesario, una segunda justificación es porque consideran que su negocio “es pequeño” (33%) y un tercer motivo es que el negocio forma parte de un trabajo eventual (12%).
Respecto al tiempo en que operan como informales se sabe que 1 millón cien mil 1’114.000 y 1’117.000 operan entre 2-4 años y 5-10 años, respectivamente. En el extremo se tienen 385,000 empresas que trabajan informalmente más de 20 años.
Para la CCL es poco probable que el grueso de empresas que operan cinco o más años en la informalidad decidan cambiar tal condición y pasar al sector formal sin un beneficio-costo claramente positivo.
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Fuente: Diario Gestión, Perú21, Jeremy Burns
